EAA

Qué es el EAA

El EAA —European Accessibility Act, la Directiva (UE) 2019/882— es la norma que sacó la accesibilidad digital del ámbito de la Administración y la metió en el sector privado. Hasta entonces, en España la obligación seria recaía sobre el sector público a través del RD 1112/2018. Una tienda online, un banco o una agencia de viajes podían tener una web imposible de usar sin ratón y no pasaba nada legalmente relevante.

La directiva cambia ese marco. Una directiva no se aplica por sí sola: obliga a cada Estado a transponerla. En España lo hace la Ley 11/2023, de 8 de mayo, y sus obligaciones son aplicables desde el 28 de junio de 2025. La idea de fondo es sencilla: si vendes un producto o prestas un servicio de los que la norma enumera, tiene que poder comprarse y usarse por personas con discapacidad, y eso incluye el canal digital por el que se contrata.

Conviene entender que el EAA no inventa requisitos técnicos nuevos. Remite a la norma armonizada europea EN 301 549, cuya versión 3.2.1 incorpora los criterios de las WCAG 2.1 en nivel AA. Es decir: la cadena legal acaba siempre en el mismo sitio técnico, y lo exigible hoy en España es 2.1 AA, aunque la versión más reciente de las pautas sea la 2.2. Lo que cambia no es qué hay que hacer, sino quién está obligado.

A quién obliga

La directiva no aplica a «todas las webs». Aplica a una lista de productos y servicios concreta, en la que entran, entre otros:

• El comercio electrónico, entendido de forma amplia: cualquier venta de productos o servicios a consumidores por un canal digital.
• Los servicios bancarios para consumidores.
• Los servicios de transporte de viajeros: billetes, información en tiempo real, terminales de autoservicio.
• Las comunicaciones electrónicas y los servicios de acceso a contenidos audiovisuales.
• Los libros electrónicos y su software de lectura.

Junto a los servicios hay una lista de productos —ordenadores, cajeros, terminales de pago, lectores de libros electrónicos, routers— que también quedan cubiertos.

Hay una exención importante para las microempresas que prestan servicios: menos de diez trabajadores y un volumen de negocio o balance que no supere los dos millones de euros. Es una exención real, pero la veo mal usada constantemente. Primero, porque solo cubre servicios, no productos. Segundo, porque quien crece deja de estar exento sin que nadie le avise. Y tercero, porque a un cliente que se marcha del carrito porque no puede completar el pago le da exactamente igual el tamaño de tu plantilla.

La norma también contempla la carga desproporcionada como motivo para no aplicar algún requisito, pero no es una casilla que se marca: hay que documentar la evaluación y conservarla. Alegarla sin haberla hecho es peor que no alegarla.

Qué hay que hacer en la práctica

En una web de venta, el trabajo real casi siempre está concentrado en cuatro sitios: el buscador y los filtros de catálogo, la ficha de producto, el carrito y el proceso de pago. Es la ruta por la que entra el dinero y suele ser también la más cargada de componentes hechos a medida.

Además del producto en sí, la transposición española exige información sobre accesibilidad: explicar cómo cumple el servicio, y mantenerla mientras el servicio se preste. No es un requisito cosmético. Es el documento por el que empieza cualquier inspección o cualquier reclamación.

Lo que veo cuando audito

Cuando reviso una tienda por este motivo, el patrón se repite tanto que ya sé dónde mirar antes de abrir el navegador.

El maquetado general suele estar razonablemente bien: cabeceras, textos, imágenes con su alternativa. Lo que falla son los componentes interactivos que alguien montó a medida o que vienen de una plantilla comprada. El selector de tallas hecho con div que no recibe el foco del teclado. El modal del carrito que se abre y deja el foco detrás, en la página. El desplegable de provincias del checkout que es un ul disfrazado y que un lector de pantalla anuncia como una lista cualquiera. El aviso de «producto añadido» que aparece, desaparece a los tres segundos y nunca llega a quien no lo ve.

Ninguno de esos cuatro fallos aparece en una auditoría automática con buena nota. Y cualquiera de los cuatro rompe la compra por completo.

El otro hallazgo constante es el PDF. Condiciones de venta, fichas técnicas, facturas: documentos generados por exportación directa, sin estructura de encabezados y a menudo escaneados como imagen. Si el PDF forma parte del servicio, entra en el ámbito de la norma igual que el HTML.

Por qué le importa a un negocio

El argumento de la sanción existe, pero es el que menos me gusta usar porque enfoca mal el problema. Lo que de verdad cuesta dinero es que una web inaccesible pierde ventas sin dejar rastro. Nadie escribe un correo para contar que no ha podido terminar el pago: cierra la pestaña. En el panel de analítica solo verás una tasa de abandono en el checkout que llevas meses sin saber explicar.

Hay dos efectos más que suelen pesar en la decisión.

El primero es contractual. Si vendes a empresas o trabajas con la Administración, la accesibilidad ya aparece en pliegos y en cuestionarios de proveedor. No poder responder a esa pregunta te deja fuera antes de que nadie mire tu precio.

El segundo es de posicionamiento. Arreglar la estructura semántica, los encabezados y los textos alternativos mejora también cómo entiende la página un buscador. Es el mismo trabajo con dos facturas distintas, y lo desarrollo en la sección de accesibilidad y en la de SEO.

Errores frecuentes

Creer que el EAA solo aplica a webs grandes. El umbral de la exención es de microempresa y solo cubre servicios. La mayoría de las tiendas que reviso están dentro del ámbito y su equipo estaba convencido de lo contrario.

Contratar una auditoría y no tocar el proceso de compra. Muchos informes se quedan en portada, categorías y páginas de contenido, que es lo fácil de recorrer con una herramienta. El checkout, que es donde está el riesgo real, requiere completar la compra a teclado paso a paso.

Publicar información de accesibilidad copiada de otra web. He visto declaraciones que mencionaban secciones inexistentes y correos de contacto que rebotaban. Ese documento es una manifestación pública: si dice algo que no es cierto, convierte un problema técnico en un problema de credibilidad. Aquí publico la declaración de accesibilidad de este sitio diciendo exactamente qué se ha comprobado y qué no.

Alegar carga desproporcionada sin evaluarla. La excepción requiere un análisis documentado y conservado. Escribirla en la declaración porque el presupuesto no llegaba no es una evaluación, es una confesión.

Esperar a que llegue una reclamación. Arreglar un checkout ya construido cuesta bastante más que haberlo maquetado bien, porque obliga a rehacer componentes que ya están replicados en todas las plantillas. La factura no desaparece por posponerla: crece.