RD

Esto es una explicación divulgativa para entender las siglas que aparecen en los artículos de esta web. No es asesoramiento jurídico. Para saber qué te obliga a ti en concreto, habla con un abogado.

Qué significa la sigla

RD son las iniciales de Real Decreto. Es una norma que aprueba el Gobierno de España, no el Parlamento. Se publica en el Boletín Oficial del Estado y, a partir de la fecha que ella misma indique, es de obligado cumplimiento como cualquier otra norma.

La forma corta de citarlo siempre es la misma: las siglas, un número y el año en que se aprobó. «RD 1112/2018» quiere decir «el real decreto número 1112 del año 2018». El número no significa nada por sí mismo, es simplemente el orden en el que se fueron aprobando ese año. Por eso un número alto no indica que sea una norma más importante.

Qué rango tiene en el ordenamiento español

Puesto en orden, de más fuerza a menos:

1. La Constitución.
2. Las leyes, que aprueban las Cortes.
3. Los reglamentos, que aprueba el Gobierno. El real decreto es el más habitual de estos.

Un real decreto no puede contradecir una ley: su función es desarrollarla, concretarla y hacerla aplicable. Cuando una ley dice «los sitios web del sector público serán accesibles», hace falta una norma que baje eso a tierra: qué se considera accesible, quién queda dentro, en qué plazos, qué hay que publicar y quién vigila que se cumpla. Ese detalle es lo que suele contener un real decreto.

En materia de accesibilidad hay además una capa por encima: buena parte de lo que se regula en España viene de directivas europeas. Una directiva no se aplica directamente, sino que cada país la transpone, es decir, la convierte en norma propia. Los dos reales decretos que aparecen en esta web forman parte de esa transposición: son la versión española de dos directivas europeas.

Los dos que verás citados aquí

Real Decreto 1112/2018. Regula la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles del sector público español: administración estatal, autonómica y local, universidades públicas y una serie de entidades vinculadas. Es la norma que exige, entre otras cosas, que esas webs publiquen una declaración de accesibilidad visible, con su estado de cumplimiento y un mecanismo para que cualquier persona pueda reclamar si algo no funciona. Es la razón de que las webs públicas tengan una página de este tipo, y es también el motivo de que esta web tenga la suya en declaración de accesibilidad, aunque no esté obligada.

Real Decreto 193/2023. Desarrolla los requisitos básicos de accesibilidad de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que es la norma que transpone en España la Directiva (UE) 2019/882, la que se conoce como Acta Europea de Accesibilidad o EAA. Aquí el salto es grande: deja de hablar solo del sector público y entra en productos y servicios ofrecidos por empresas privadas, con el comercio electrónico entre ellos. Sus obligaciones son aplicables desde el 28 de junio de 2025.

En ambos casos, la referencia técnica de fondo son las WCAG, las pautas internacionales de accesibilidad para contenido web. Los reales decretos no las reescriben: se apoyan en la norma europea que las recoge, la EN 301 549, cuya versión 3.2.1 incorpora las WCAG 2.1 en nivel AA. Ese es el listón exigible hoy en España, aunque la versión más reciente de las pautas sea la 2.2.

Cómo me lo encuentro en el trabajo

En las reuniones no aparece nunca la palabra «reglamento». Aparece un correo de un cliente que dice: «nos han dicho que a partir de tal fecha nuestra tienda tiene que ser accesible, ¿esto es verdad o es alguien vendiéndonos algo?». Y la respuesta honesta suele ser: hay una norma real detrás, sí, pero lo que te están vendiendo probablemente no es lo que la norma pide.

Mi forma de trabajarlo es sacar el asunto del terreno legal cuanto antes, porque ahí un consultor de marketing no pinta nada. Lo que sí puedo hacer es lo otro: revisar si la web se puede usar con el teclado, si un lector de pantalla entiende el formulario de pedido, si el contraste da, si los errores de validación se anuncian. Eso es lo que mide una auditoría, y es lo que hay que arreglar independientemente de qué diga el BOE. La norma pone la fecha; el trabajo es el mismo.

Lo que no hago nunca es firmar que una web «cumple» un real decreto. Ese adjetivo es de otro oficio.

Por qué te afecta aunque no seas administración pública

Por dos vías distintas.

La primera es la cadena de proveedores. Si trabajas para una administración, o aspiras a hacerlo, la accesibilidad aparece en los pliegos de contratación. He visto empresas quedarse fuera de un concurso por no poder acreditar nada en este apartado. El RD 1112/2018 no te obliga a ti directamente: obliga a los sujetos del sector público. A los proveedores nos alcanza por vía contractual, y en la práctica eso significa lo mismo, porque quien tiene que entregar el producto accesible eres tú.

La segunda es que con el RD 193/2023 la conversación dejó de ser solo pública. Muchos servicios privados que se prestan por internet quedan alcanzados, y el comercio electrónico es el caso más evidente. Los detalles de a quién alcanza exactamente y con qué excepciones son un asunto jurídico, y ahí insisto en la advertencia del principio.

Y luego está el argumento que a mí me parece el que de verdad sostiene esto: una web que no se puede usar con el teclado, o cuyo formulario no funciona con una tecnología de apoyo, está perdiendo clientes hoy, sin necesidad de que nadie la denuncie. Lo cuento con más detalle en accesibilidad.

Errores frecuentes

Confundir un real decreto con una ley. No son lo mismo ni tienen el mismo rango. Un real decreto desarrolla lo que una ley establece y no puede ir contra ella. Que sea reglamento no lo hace opcional.

Pensar que solo afecta a las webs del Estado. Dejó de ser así en junio de 2025: desde el 28 de junio de ese año son aplicables las obligaciones que alcanzan a productos y servicios privados, y el efecto indirecto de la contratación pública ya alcanzaba antes a muchos proveedores.

Creer que un sello o un plugin resuelve el cumplimiento. No existe una insignia que convierta una web en accesible. Lo que hay son requisitos verificables uno a uno, y una parte importante solo se comprueba probando la web a mano con teclado y lector de pantalla.

Tratarlo como un trámite de una sola vez. Una web que se ajustó hace dos años y desde entonces ha recibido plantillas nuevas, banners y formularios probablemente ya no está donde estaba. La accesibilidad se cae sola con cada despliegue si nadie la revisa.

Buscar la cifra de la multa antes que el problema. Es la primera pregunta en muchas reuniones y es la menos útil. Prefiero contarlo al revés: cuánta gente no puede terminar una compra hoy en tu web. Ese número se puede medir y se puede arreglar.